Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir las necesidades más básicas. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, tan solo en 2011 se produjeron cerca de 60.000 deshaucios en España, 14.000 de los cuales en el País Valencià siendo la autonomía donde se han registrado más deshaucios.
Los efectos dramáticos de esta situación se concretan en el ámbito municipal, ya que es a los Ayuntamientos donde se dirigen las personas y familas afectadas buscando ayuda.
Por este motivo desde Izquierda Unida Orihuela proponemos la creación de una Oficina de Intermediación Hipotecaria en nuestro municipio. La iniciativa pionera del Ayuntamiento de Terrassa ya se ha implantado en municipios como Valencia, Zaragoza, Jerez o en la Diputación de Granada. Consideramos que el Ayuntamiento tiene la obligación de minimizar en la medida de sus posibilidades el impacto de la crisis hipotecaria y evitar una problemática creciente que afecta a un derecho básico como es el de acceso a la vivienda.
Esta oficina, por tanto deberá ser fruto de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Orihuela y el Colegio de Abogados. Su misión principal sería la de ofrecer asesoramiento a las personas afectadas y coordinar actuaciones que permitan anticipar medidas para evitar los deshaucios, así como la de facilitar la comunicación entre las personas afectadas y la entidad financiera para encontrar una solución antes de la ejecución hipotecaria o durante su proceso.
La creación de esta oficina debe estar ligada a una comisión de seguimiento en la que participe el propio Ayuntamiento, el Colegio de Abogados, las entidades financieras, la Plataforma de Convergencia Contra los Recortes y las asociaciones de vecinos del municipio, ya que este es un problema colectivo.
Desde IU Orihuela aprovechamos esta ocasión para posicionarnos a favor de la dación en pago obligatoria para los casos de residencia habitual. Y recordamos que estamos inmersos en el periodo de recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular que se presentará a principios de noviembre en el Congreso de los Diputados solicitando la modificación de la Ley Hipotecaria para que admita la dación en pago como sistema preferente.
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