Desde el colectivo de Izquierda Unida Orihuela planteamos al Ayuntamiento que empiece a cobrar el impuesto de bienes inmuebles a la iglesia católica y que se revisen todas las exenciones en el pago del IBI que puedan existir en el municipio.
Por ello hemos pedido por registro esta misma mañana en el Ayuntamiento de Orihuela la relación de bienes inmuebles urbanos y rústicos que están exentos de pagar el IBI y que están registrados a nombre de la iglesia católica o de otras confesiones religiosas, de fundaciones o de cualquier otro titular contemplado en cualquiera de los supuestos de exención establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
No es aceptable que mientras en la ciudad el equipo de gobierno del tripartito ha subido, por mandato del gobierno central del PP, un 10% el IBI (del 0'75% al 0'825%), una subida que afecta negativamente a la ya precaria economía de la mayoría de oriolanos, la iglesia católica mantenga unos privilegios injustificables. Desde Izquierda Unida pedimos que se trate a la iglesia católica en igualdad de condiciones que al resto de ciudadanos, colectivos o entidades, es decir sin ningún privilegio.
Esperamos que el equipo de gobierno nos facilite la relación de inmuebles solicitada para poder evaluar el dinero que el Ayuntamiento deja de ingresar cada año por unas exenciones que consideramos que tienen que revisarse. De igual manera recuerdamos que el Gobierno del PP, admitió en una respuesta efectuada por el Diputado Gaspar Llamazares, que el cobro del IBI a la Iglesia queda al arbitrio de cada Ayuntamiento, por lo que exigimos que en Orihuela se empiece a cobrar el IBI a la totalidad de los inmuebles inscritos a nombre de la Iglesia Católica, la que recordamos es la mayor propietaria de España. Y que incluso ayuntamientos gobernados por el PP como el de Zamora ya han aprobado cobrar el IBI a la iglesia.
Por último, expresamos nuestro apoyo a Europa Laica en su campaña para eliminar la exención del pago del IBI a la iglesia católica y recordamos que, según esta entidad, las arcas públicas dejan de ingresar cada año 3.000 millones de euros en todo el Estado por dicha exención.
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