Desde Izquierda Unida evidentemente no defendemos la legalización masiva de viviendas y nos parece una barbaridad la propuesta de Antonia Moreno. A la que recordamos lo que pasó en Catral cuando el PSOE gobernó el Ayuntamiento, ayudados por la dejación de funciones del Consell, en manos del PP, que no actuó en el caso de Catral hasta que se entró en la precampaña electoral de 2007.
Además es una irresponsabilidad total y absoluta lanzar ese mensaje de legalización masiva porque puede animar a seguir construyendo viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable. Cuando lo que hay que hacer es evitar que el problema actual (al menos 8.000 viviendas ilegales en Orihuela), generado por la falta de actuación del PP municipal tanto en la época de Medina como de Lorente, se agrave.
Consideramos que las viviendas ilegales construidas en suelo protegido no son legalizables en ningún caso. Por otra parte creemos que las viviendas ilegales emplazadas en suelo urbanizable común podrían legalizarse aquellas que cuenten con una parcela mínima. Para el resto habría que estudiar si pueden aplicarse planes especiales que permitan o bien mantener las viviendas con medidas de integración urbana (construcción de redes de saneamiento, alumbrado,...) y paisajística que han de asumir económicamente los propietarios, o bien trasladar esas viviendas a otras zonas que se habiliten expresamente para acogerlas en el PGOU, también cargando sobre los propietarios los costes económicos que eso conlleve.
Lo que no se puede hacer es premiar la construcción ilegal mediante la promesa de su legalización sin condiciones de ningún tipo tal y como ha hecho Antonia Moreno.
Además es una irresponsabilidad total y absoluta lanzar ese mensaje de legalización masiva porque puede animar a seguir construyendo viviendas ilegales sobre suelo no urbanizable. Cuando lo que hay que hacer es evitar que el problema actual (al menos 8.000 viviendas ilegales en Orihuela), generado por la falta de actuación del PP municipal tanto en la época de Medina como de Lorente, se agrave.
Consideramos que las viviendas ilegales construidas en suelo protegido no son legalizables en ningún caso. Por otra parte creemos que las viviendas ilegales emplazadas en suelo urbanizable común podrían legalizarse aquellas que cuenten con una parcela mínima. Para el resto habría que estudiar si pueden aplicarse planes especiales que permitan o bien mantener las viviendas con medidas de integración urbana (construcción de redes de saneamiento, alumbrado,...) y paisajística que han de asumir económicamente los propietarios, o bien trasladar esas viviendas a otras zonas que se habiliten expresamente para acogerlas en el PGOU, también cargando sobre los propietarios los costes económicos que eso conlleve.
Lo que no se puede hacer es premiar la construcción ilegal mediante la promesa de su legalización sin condiciones de ningún tipo tal y como ha hecho Antonia Moreno.
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