Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000.
Ante esta situación las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc. Así como embargos a los avalistas.
La legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hecho que se suma a la publicidad engañosa, a la sobre valoración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las “cláusulas suelo”.
Desde Izquierda Unida consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Queremos recordar que el derecho a la vivienda es un mandato Constitucional, especialmente recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el Artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el Artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión) así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado Español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Sabemos que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
Por ello desde el Ayuntamiento instaremos al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Pediremos también que se establezca la dación en pago como procedimiento preferente, en los casos de primera vivienda, cuando se produzca la ejecución de la hipoteca por parte de la entidad bancaria quedando liquidada la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas).
Además, emprenderemos medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal, de las asociaciones de afectados, vecinales, etc. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. Y en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
Ante esta situación las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera de por vida: la entidad bancaria interpone una demanda y se inicia el proceso de ejecución hipotecaria que finaliza con la subasta del inmueble. Si la subasta queda desierta (cosa que en el actual contexto de crisis sucede en más del 90% de los casos), con la ley vigente la entidad bancaria se adjudica la vivienda por el 50% del valor de tasación y sigue reclamando el pago de la deuda restante, más los intereses y costas judiciales, a las personas en situación de insolvencia, mediante el embargo de nóminas, cuentas, etc. Así como embargos a los avalistas.
La legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 50% del valor de tasación es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno. Hecho que se suma a la publicidad engañosa, a la sobre valoración en las tasaciones y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos que ahora se descubre que en muchos casos escondía todo tipo de cláusulas abusivas, como es el caso de las “cláusulas suelo”.
Desde Izquierda Unida consideramos inadmisible y totalmente injusto que en un Estado social y democrático de derecho, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario y en cambio las entidades financieras, en buena medida responsables de la actual crisis, reciban ayudas millonarias que salen de los impuestos, sin tener que asumir ninguna responsabilidad, al mismo tiempo que siguen generando miles de millones de beneficios anuales.
Queremos recordar que el derecho a la vivienda es un mandato Constitucional, especialmente recogido en el Artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho...” pero también en el Artículo 33, que limita claramente el derecho a la propiedad privada al cumplimiento de su función social (y que a día de hoy se incumple sistemáticamente en los pisos vacíos acumulados por bancos y cajas), o en el Artículo 24 que garantiza la tutela judicial (vulnerado en los procesos de ejecuciones hipotecarias donde se produce clara indefensión) así como los compromisos jurídicos en materia de derecho a la vivienda asumidos por el estado Español al ratificar tratados internacionales vinculantes como son, la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Artículo 11), especialmente a partir de su Observación General número 4 –que concreta el contenido del derecho a una vivienda adecuada- y la Observación General nº 7 -que define los desalojos forzosos como una de las principales vulneraciones del derecho a la vivienda.
Sabemos que todo lo aquí expuesto depende básicamente de una normativa de competencia estatal, pero sus efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los ayuntamientos a donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
Por ello desde el Ayuntamiento instaremos al Gobierno a aprobar una moratoria o implementar las medidas necesarias para paralizar los desahucios de las familias en situación de insolvencia sobrevenida e involuntaria. Para los desahucios ya producidos, que se aprueben con carácter de urgencia medidas destinadas a que los miles de pisos vacíos que están acumulando las entidades financieras como consecuencia de esos embargos sean puestos inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible. Pediremos también que se establezca la dación en pago como procedimiento preferente, en los casos de primera vivienda, cuando se produzca la ejecución de la hipoteca por parte de la entidad bancaria quedando liquidada la totalidad de la deuda (principal, más intereses y costas).
Además, emprenderemos medidas a nivel municipal para paralizar los desahucios, creando una comisión especial mixta en la que participen representantes del pleno municipal, de las asociaciones de afectados, vecinales, etc. El objetivo principal de dicha comisión será buscar alternativas que eviten los desahucios por motivos económicos. Y en los casos que no sea posible, garantizar el realojo digno de las familias afectadas.
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