Aquellas personas que llevan años participando en política saben que las fechas de aprobación muestran el carácter popular, consensuado y participativo de una ley. O, por el contrario, su naturaleza unilateral y oportunista.
El día 23 de diciembre, de puntillas y a escondidas -como cuando se conceden subcontratas públicas-, con las noticias oscilando entre el sorteo de la Lotería y la llegada de la Nochebuena, las Cortes aprueban la medida legislativa más importante para la juventud valenciana organizada de los últimos 20 años. Y lo harán sin gente, sin prensa, sin noticias, porque hasta el propio gobierno impulsor de la ley es consciente de su vacuidad, sus imprecisiones y su triste, patético y escaso contenido.
Somos conscientes de la necesidad de adaptación de una legislación hasta ahora demasiado antigua para ser efectiva. Lo que nunca podremos entender -ni como personas jóvenes, ni como ciudadanos, ni como militancia activa de nuestra sociedad civil- es que el camino seguido sea tan estéril, inútil, partidista e insultante para el trabajo que entidades y personas vienen desarrollando durante mucho tiempo.
