El Gobierno junto con la práctica totalidad de los entes políticos y sociales que forman parte de este régimen —a excepción de IU y de otras fuerzas minoritarias de la izquierda parlamentaria— han encarnado los intereses de los más ricos y poderosos aprobando de forma conjunta la reducción del sistema público de pensiones en 80.000 millones de euros anuales. Paradójicamente, al menos una buena parte de este dinero se empleará en costear la privatización del propio sistema de pensiones a través de exenciones fiscales y otros mecanismos.

En este arranque de “responsabilidad”, Gobierno, sindicatos y partidos políticos que apoyan este acuerdo (con el PSOE a la cabeza) se han esforzado por demostrar a las instituciones financieras internacionales que no hace falta que intervengan nuestra soberanía económica para garantizar los intereses del capital privado. Con la máxima desvergüenza, demuestran a bombo y platillo que ya son ellos los que se encargan de que los ricos sean cada vez más ricos, la principal consecuencia de esta crisis.



