Como todos sabemos ya, el pasado viernes por decreto del Consejo de Ministros, el Gobierno del Partido Popular aprobó una reforma laboral que de manera extraordinaria entró en vigor el mismo día de su publicación en el BOE, es decir, el pasado sábado.
Desde ese mismo instante, todo el derecho laboral estudiado en las universidades españolas fue directo a la papelera, se convirtió en papel mojado.
Hasta ahora nuestro mercado laboral estaba articulado para equilibrar jurídicamente la situación de desigualdad que un contrato laboral supone. Está claro que el empresario se encuentra en una situación privilegiada, de fuerza, sobre el trabajador, pues bien, el sistema laboral español intentaba en la medida de lo posible corregir esa situación. Con las limitaciones y beneficios empresariales que ya existían, que los habían, el despido por ejemplo era libre (y lo seguirá siendo), el despido objetivo (20 días por año trabajado) desde la reforma del PSOE estaba subvencionado con fondos públicos del FOGASA,....
Pero la reforma laboral aprobada por decreto, sin tramitación parlamentaria, supone algo más que el ataque que ya se vivió en la anterior reforma impulsada por el Gobierno de Zapatero (PSOE), supone un cambio de pies a cabeza del sistema laboral. No se puede hablar de reforma, ni siquiera de contrarreforma, lo aprobado por el Partido Popular es una nueva regulación que modifica las relaciones entre empresarios y trabajadores desnivelando la balanza a favor de los primeros como si viviéramos un retroceso a niveles de principio del s. XX. Al igual que decimos que nuestro sistema político, que premia el bipartidismo, es propio de la "Restauración canovista", a partir de ahora las relaciones laborales se sitúan en niveles de la misma época.
