Desde el colectivo local de Izquierda Unida Orihuela venimos observando con sorpresa e incredulidad, como los representantes públicos, cada vez con más normalidad, asisten y participan en manifestaciones religiosas de la Iglesia católica pese a que formamos parte todas y todos (creyentes y no creyentes, agnósticos, ateos, católicos, protestantes, evangélicos, musulmanes, judíos, .....) de un mismo estado aconfesional.
El artículo 16 de la Constitución establece en su apartado 3 que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Es decir, se configura como pieza básica de la arquitectura constitucional dentro de la Sección titulada “De los derechos fundamentales y libertades públicas”, sin menoscabo de las relaciones de cooperación que se puedan establecer, la más absoluta separación Estado – confesión religiosa: lo que se traduce en el deber que tiene todo representante público, por muy católico que pueda sentirse en su fuero interno, de abstenerse de participar, en cuanto representante de toda la ciudadanía en las manifestaciones y actos religiosos de todo tipo. Entendemos igualmente que a nivel particular pueden hacer lo que les plazca, pero nos sorprende enormemente como los nuevos integrantes del equipo de gobierno que cuando estaban en la oposición criticaban la confusión de los eventos religiosos con la representación civil, sean ahora los que incurran en ella.
